Por el Dr. Mustapha Antra
¿Quién se opone a la participación política de los marroquíes en el extranjero? ¿Y quién obstaculiza su representación en el Parlamento, y en particular en la Cámara de Representantes? Preguntas que se repiten en cada etapa política, pero que siguen sin una respuesta convincente, a pesar de que Su Majestad el Rey Mohammed VI ya había llamado claramente, en un discurso histórico en 2005 con motivo del aniversario de la Marcha Verde, a garantizar plenamente los derechos políticos de los marroquíes residentes en el extranjero, incluido el derecho a ser candidatos y a votar desde los países de residencia, considerando su inclusión como un “deber nacional y una responsabilidad democrática” que no admite demora.
Esta contradicción entre el discurso de referencia y la voluntad real declarada por un lado, y la realidad que perpetúa la ausencia por el otro, hace que el tema sea hoy más urgente y digno de debate.
La comunidad marroquí en el extranjero representa una verdadera fuerza económica que no puede ser ignorada. Los informes del “Banco de Marruecos” dan testimonio de ello y muestran claramente el volumen de las transferencias de divisas que constituyen un recurso esencial para la economía nacional, además de su papel en la activación de sectores vitales como la vivienda y la inversión. Estas cifras convierten a los marroquíes en el extranjero en un socio indispensable para el desarrollo económico de Marruecos.
Pero el valor de la diáspora no se limita a la economía. También es una fuerza política que puede utilizarse para servir a las grandes causas nacionales. Frente a los desafíos continuos que enfrenta Marruecos —ya sea en la cuestión del Sáhara marroquí, que ha entrado en una nueva fase debido a rápidos cambios internacionales, o frente a los opositores de la experiencia democrática que intentan socavar los logros alcanzados—, involucrar a este grupo en la toma de decisiones políticas refuerza el frente de defensa de los intereses nacionales y apoya sus instituciones y soberanía.
Además, los marroquíes en el extranjero constituyen una enorme fuerza tecnológica y científica. Miles de competencias marroquíes están presentes en las principales universidades, centros de investigación e instituciones de pensamiento (Think Tanks), donde producen conocimiento e innovan soluciones en campos de tecnología avanzada… Este capital intelectual es una riqueza nacional que debe aprovecharse, no mantenerse al margen de la acción política nacional.
Por otra parte, los miembros de la diáspora marroquí gozan de una presencia social y simbólica significativa en los países en los que residen. Muchos de ellos han logrado acceder a cargos parlamentarios y ministeriales o a posiciones influyentes en la sociedad civil y académica… Esta posición puede ser una palanca de diplomacia blanda que Marruecos puede aprovechar si se integra adecuadamente en su estrategia nacional. Asimismo, la diáspora también posee una fuerza cultural y de valores que refleja modernidad, ciudadanía, pluralidad y democracia, los mismos valores que Marruecos se esfuerza por consolidar internamente.
Ante todos estos factores, la cuestión de la ausencia política de los marroquíes en el extranjero sigue siendo planteada con insistencia. Mientras que países vecinos han optado por conceder a sus diásporas el derecho de voto desde el exterior y su representación en los parlamentos, Marruecos sigue dudando en aplicar este derecho, a pesar de contar con una comunidad que supera los seis millones de personas distribuidas en más de cien países.
¿Es el problema la falta de voluntad política? La respuesta es no. Porque la más alta autoridad del país ya expresó claramente esta opción desde el discurso de 2005. Además, la mayoría de los partidos políticos no se oponen a ello, sino que incluso incluyeron sus propuestas al respecto en los documentos enviados al Ministerio del Interior en preparación para las próximas elecciones legislativas de 2026. Además, la Constitución de 2011, en su artículo 17, otorgó a los marroquíes en el extranjero plenos derechos de ciudadanía.
Entonces, ¿quién bloquea el proceso? ¿Son ciertos cálculos estrechos de algunas élites que temen la aparición de una fuerza electoral que traiga consigo nuevas ideas, comportamientos y valores? ¿O es la burocracia y las complicaciones de organizar elecciones en el extranjero? ¿O es la insuficiencia legislativa que aún no ha establecido los mecanismos legales que garanticen una representación real y efectiva de los marroquíes en el extranjero?
La respuesta no es sencilla, pero es clara: los marroquíes en el extranjero no pueden seguir estando fuera del juego político. Su participación no es un favor, sino un derecho constitucional y una demanda nacional respaldada por la legitimidad real desde el discurso de 2005, reforzada por el interés de Marruecos en su presente y su futuro, y consagrada en la ley suprema del Reino. Son socios en el desarrollo a través de sus transferencias e inversiones, y buscamos que sean también socios en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de un Estado de derecho y de instituciones.
En aplicación de esta orientación establecida por el discurso real de 2005, se anunciaron cuatro decisiones fundamentales e integradas:
Primero: permitir a los marroquíes residentes en el extranjero su representación en la Cámara de Representantes, sobre la base de criterios de competencia, mérito y capacidad, de manera realista y racional.
Segundo: crear circunscripciones legislativas en el extranjero, que permitan a los ciudadanos residentes en el exterior elegir a sus diputados en la primera cámara del Parlamento, ya que gozan, en igualdad de condiciones, de los derechos políticos y civiles concedidos a todos los marroquíes.
Tercero: otorgar a las nuevas generaciones de la diáspora el derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones, en aplicación del principio de igualdad en la ciudadanía y para reforzar su vínculo con la patria.
Cuarto: crear el Consejo Superior de la Comunidad Marroquí en el Extranjero, bajo la presidencia directa de Su Majestad el Rey, de manera democrática y transparente, para garantizar credibilidad, eficacia y una representación verdadera.
De este modo, queda claro que estas decisiones no se limitan únicamente al aspecto procedimental electoral, sino que se abren a una visión estratégica a largo plazo que convierte a la diáspora en un socio pleno en el proceso de construcción de un Estado de derecho e instituciones, consolidando así su contribución tanto al desarrollo como a la democracia.
Integrarlos en la institución legislativa reforzará la experiencia democrática, proporcionará al país un apoyo económico, político y cultural adicional, y enviará un fuerte mensaje al mundo de que Marruecos avanza con confianza en el camino de la modernización de sus instituciones.
Tal vez la pregunta más importante hoy no sea: ¿quién se opone a la participación política de los marroquíes en el extranjero? Sino: ¿tenemos el coraje político para transformar la voluntad declarada en una decisión soberana efectiva, que coloque a los marroquíes en el extranjero en el lugar que merecen, como socios activos en el nuevo modelo de desarrollo y democracia?
