La muerte de un joven marroquí de 35 años, ocurrida el pasado domingo en la localidad turística de Torremolinos (Málaga), ha generado una ola de indignación y demandas de justicia e investigación. Según los informes, el fallecimiento se produjo tras una intervención policial en la que ocho agentes utilizaron una pistola eléctrica Taser contra el joven, identificado como Hytham.
Medios locales, citando fuentes médicas preliminares, señalaron que la causa de la muerte fue un paro cardíaco posterior a la descarga. Mientras tanto, familiares y amigos de la víctima acusan a la policía de «maltrato» y «uso desproporcionado de la fuerza», calificando lo sucedido como un «asesinato racista».
Por su parte, la policía ofreció una versión diferente para justificar su intervención, indicando que respondían a una denuncia por intento de robo y que el fallecido se encontraba en un «estado de agitación avanzado», lo que —según su relato— hizo necesario el uso del dispositivo para reducirlo y arrestarlo. Las fuerzas de seguridad insisten en que el procedimiento fue necesario en esas circunstancias.
En contraposición, la familia de Hytham rechaza esta narrativa por completo, afirmando que lo ocurrido fue solo un malentendido, ya que el joven solo buscaba un cargador para su teléfono móvil dentro del centro de comunicaciones. La familia asegura que no sufría de ninguna enfermedad cardíaca previa y considera que las descargas eléctricas múltiples fueron la causa directa de su muerte.
En un desarrollo significativo, varios reportes indican que la policía podría haber ignorado las advertencias y recomendaciones del fabricante del arma Taser, que desaconsejan su uso contra personas que muestran agitación o en situaciones que puedan aumentar los riesgos para su salud.
Bajo la presión de la opinión pública y el debate generado, las autoridades judiciales españolas han abierto una investigación formal sobre los hechos, con el objetivo de determinar si las acciones policiales se ajustaron a los protocolos legales establecidos. Dichos protocolos restringen el uso de este tipo de armas a casos de «extrema necesidad» y exigen la aplicación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
El caso sigue bajo atención, a la espera de los resultados de la investigación judicial independiente, que se espera determine las responsabilidades de las partes involucradas y aclare las circunstancias reales del fallecimiento.
