La semana pasada, la Policía Nacional española expulsó a un marroquí residente en Olot, en la región de Garrotxa. Considerado una grave amenaza para la seguridad pública, estuvo involucrado en actividades extremistas contrarias a los valores de convivencia y a la constitución española. La expulsión tuvo lugar a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, acompañada de una prohibición de territorio de diez años.
En 2017, este hombre intentó en vano convertirse en imán en Besalú. Después de regresar a Marruecos, se trasladó a España en 2020. Según fuentes de seguridad, habría adoptado ideas extremistas de la corriente salafista, abogando por un discurso pidiendo a los musulmanes que rechazaran la integración en la sociedad española y aplicaran la sharia en lugar de las leyes nacionales. También habría fomentado el uso del velo integral para las mujeres e incitando al odio contra los musulmanes chiítas, calificando de «infieles» a quienes respetan la ley española. Además, se negó a solicitar la nacionalidad española, afirmando que el Islam prohíbe tener la nacionalidad de un país no musulmán.
El Ministerio del Interior calificó su comportamiento de «violación muy grave de la Ley de Inmigración», lo que llevó al Secretario General de Seguridad a ordenar su expulsión. Esta decisión fue impugnada ante el Tribunal Nacional y el Tribunal Supremo, pero ambos recursos fueron desestimados.
