El rey Felipe VI de España pidió desde la tribuna de las Naciones Unidas el fin de lo que describió como la “masacre” en Gaza, en un discurso en defensa del multilateralismo y del papel de la ONU en el 80º aniversario de la organización, en un contexto marcado por los ecos de las críticas que anteriormente había lanzado el expresidente estadounidense Donald Trump contra el organismo internacional.
El monarca español subrayó que “las leyes son la voz de la razón”, destacando el marco jurídico que rige la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina, el cual exige el cumplimiento de condiciones específicas y obliga a los Estados que apoyan esta decisión a asumir responsabilidades en consonancia con los principios del derecho internacional.
Según la Convención de Montevideo de 1933, el reconocimiento del Estado de Palestina requiere cumplir con cuatro criterios fundamentales:
- Una población permanente, condición que se cumple en Cisjordania y la Franja de Gaza, a pesar de las difíciles circunstancias que atraviesan los habitantes debido a la guerra.
- Un territorio definido, que existe a pesar de los desafíos derivados de la expansión de los asentamientos israelíes que han reducido el espacio efectivo palestino, recordando que la existencia de un conflicto sobre la tierra no anula el derecho de un Estado a existir.
- La capacidad de entablar relaciones internacionales con otros Estados, aspecto que puede reforzarse a través del reconocimiento internacional de la Autoridad Palestina y su facultad para establecer contactos diplomáticos directos.
- Un gobierno propio, requisito que enfrenta serios retos debido a la división palestina y a las restricciones impuestas por Israel, que limitan la eficacia de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la ausencia de control sobre la Franja de Gaza.
Por otro lado, los Estados que decidan reconocer a Palestina como un Estado soberano asumen obligaciones jurídicas internacionales, entre ellas revisar sus relaciones con Israel para garantizar que sus acuerdos bilaterales no contradigan sus compromisos con el naciente Estado palestino.
También deberán cesar cualquier cooperación comercial con los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y abstenerse de beneficiarse de productos elaborados fuera del marco legal.
El reconocimiento de Palestina conlleva igualmente compromisos en materia de seguridad, ya que cualquier ataque israelí contra el territorio de un Estado palestino reconocido activaría los mecanismos del derecho internacional relativos a la ocupación bélica, haciendo que tales acciones quedaran sujetas a los Convenios de Ginebra y otros instrumentos que regulan los conflictos armados, lo que podría exponer a Israel a reacciones internacionales más firmes.
