La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), representante efectivo de miles de musulmanes en España, expresó su firme rechazo e indignación ante la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla, en la región de Murcia, que prohíbe el uso de espacios públicos y salas municipales para la práctica de ritos islámicos, incluidas las celebraciones del Eid al-Fitr y el Eid al-Adha.
En un comunicado oficial emitido este domingo, la federación calificó esta medida como un “acto de discriminación institucional” que contradice el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe cualquier discriminación por motivos religiosos, así como el artículo 16, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y culto. El texto también señala que la decisión vulnera la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y el Acuerdo de Cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica (Ley 26/1992), que asegura el derecho a practicar los ritos en igualdad de condiciones con otras confesiones.
Comunicado Oficial institucional de FFERI CASO JUMILLA
La federación subrayó que el Islam goza de un reconocimiento oficial de “notorio arraigo” en España desde 1990, lo que obliga a las autoridades públicas a garantizar plenamente los derechos religiosos de los musulmanes. Considera que la prohibición de los actos religiosos supone “un grave retroceso en el camino de la convivencia y la igualdad”.
El comunicado advierte que esta medida no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de acontecimientos que evidencian el crecimiento de la islamofobia en el país, como los ataques violentos en la localidad de Torre Pacheco, donde musulmanes fueron perseguidos de forma sistemática y se vandalizaron viviendas y comercios, además de agresiones físicas a mujeres y niños, así como el incendio de una mezquita en Cataluña.
La federación criticó también el papel de determinadas corrientes políticas, en especial del partido de extrema derecha Vox, en la promoción de discursos de odio y división social, y mostró su preocupación por el respaldo de algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular a estas políticas.
La FEERI reclamó la “anulación inmediata” del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla, el estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes nacionales e internacionales que garantizan la libertad religiosa, así como la adopción de medidas efectivas contra el discurso de odio. La federación advirtió además que está dispuesta a recurrir a la vía judicial si no se revoca la decisión.
Finalmente, el presidente de la federación, Nadir Bengelloun Andalusí Azharí, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas, incluido Vox, para entablar un diálogo constructivo con el fin de construir una España plural que respete todas las creencias y garantice a cada persona el derecho a celebrar y vivir su fe con dignidad.
