Mohamed El Ghaidouni
En 2020, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña puso en marcha un programa piloto de enseñanza de la religión islámica en algunos centros educativos. Este acuerdo, negociado con la Comisión Islámica de España (CIE), fue aceptado por la comunidad musulmana catalana como una solución transitoria, teniendo en cuenta la compleja realidad política y social que vivía el país en aquel momento. Cuatro años más tarde, la situación ha cambiado radicalmente, pero el plan piloto sigue vigente y el Departamento lo ha presentado como una fórmula permanente.
Actualmente, en Cataluña hay 104.279 alumnos de confesión musulmana según el Observatorio andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas de España. Para atender a esta población escolar, el Departamento solo ha contratado a 5 profesores de religión islámica. Es decir, que cada docente debería ocuparse teóricamente de más de 20.256 alumnos.
La desproporción es tan evidente que resulta difícil de justificar. No solo porque la Constitución española y los acuerdos de cooperación de 1992 con la Comisión Islámica de España reconocen explícitamente el derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa en igualdad de condiciones, sino también porque la propia Generalitat garantiza este derecho a otras confesiones religiosas presentes en Cataluña.
El marco legal: un derecho, no un favor
El artículo 16 de la Constitución española establece que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades” y que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. El artículo 27 consagra el derecho fundamental a la educación y el respeto a las convicciones religiosas y morales de las familias.
Sobre esta base, la Ley 26/1992 de aprobación del Acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España reconoce expresamente a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en centros públicos y concertados, “en los mismos términos que los establecidos para la religión católica”. No se trata, por tanto, de un privilegio ni de una concesión política, sino de un derecho jurídico vinculante.
Cataluña en comparación con otras comunidades
La situación catalana contrasta con la de otros territorios del Estado. En Andalucía, con 59.627 alumnos musulmanes, hay 112 profesores de religión islámica. En la Comunidad de Madrid, con 49.203 alumnos, trabajan 57 docentes.
La comparación es clara: Cataluña, con más del doble de alumnos musulmanes que Andalucía o Madrid, solo cuenta con 5 profesores. Esta diferencia solo puede interpretarse como una falta de voluntad política de la Generalitat para dar una respuesta normalizada y justa a la demanda de las familias musulmanas.
El plan piloto: ¿excusa o transición?
La comunidad musulmana aceptó el plan piloto de 2020 con la idea de que se trataba de una etapa transitoria, en un momento en que la inestabilidad política catalana dificultaba avanzar en nuevas líneas de cooperación institucional. Sin embargo, lo que podía considerarse entonces como una solución provisional ya no tiene justificación hoy.
Mantener el plan piloto cuatro años más tarde y con una mínima ampliación (de 3 a 5 profesores) significa, en la práctica, consolidar la discriminación. La Generalitat ha presentado este esquema como si fuera una fórmula definitiva, cuando en realidad constituye una violación manifiesta del principio de igualdad de trato.
Las consecuencias sociales y educativas
Esta falta de voluntad política no solo genera un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas, sino que alimenta el sentimiento de exclusión e invisibilidad entre las familias musulmanas de Cataluña.
La ausencia de profesorado suficiente hace imposible que la gran mayoría de los más de 100.000 alumnos musulmanes ejerzan su derecho a la enseñanza religiosa. Esto se traduce en un vacío educativo que tiene consecuencias directas sobre la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento real de la diversidad religiosa en Cataluña.
Un llamado a la normalización
La situación política y social actual es diferente a la de 2020. Cataluña debe normalizar la enseñanza religiosa islámica, tal y como ya lo ha hecho con la religión católica y otras confesiones en acuerdo con el Estado.
Seguir escondiéndose detrás de un plan piloto es simplemente una negación de los derechos reconocidos por la Constitución y los acuerdos de cooperación. El Departamento de Educación tiene la obligación legal y moral de poner fin a esta discriminación y ofrecer a las familias musulmanas la misma respuesta que a las demás.
En definitiva, el asunto no es una cuestión de privilegios, sino de igualdad y dignidad. Y esta solo puede garantizarse con una apuesta clara y decidida por la normalización completa de la enseñanza religiosa islámica en Cataluña.
