Tras meses de indignación generalizada y protestas sostenidas, el panorama político de Valencia asiste a un capítulo decisivo con la dimisión oficial de Carlos Mazón de su cargo como Presidente de la Generalitat Valenciana. Esta no es una renuncia ordinaria de un funcionario, sino el resultado de una enorme presión popular y la trágica consecuencia de un desastre humanitario que podría no haber alcanzado una magnitud tan devastadora.
Esta dimisión llega como una reacción directa y sin precedentes a la tragedia que azotó a la Comunidad Valenciana el pasado octubre, que se cobró la vida de 229 personas. Esas inundaciones no fueron solo un «desastre natural» a los ojos de los miles de personas que salieron a las calles portando pancartas con lemas como «Mazón a la cárcel» y coreando «No murieron, los mataron». Estas consignas expresan la firme convicción de los supervivientes y familiares de las víctimas de que la negligencia administrativa y política fue cómplice principal de este crimen.
El testimonio de la superviviente Cristina Gómez Trapero (71 años), que lo perdió todo, resume la esencia de la crisis: «Se podría haber evitado… Estamos aquí para exigir justicia». Estas palabras no solo reflejan el dolor de la pérdida, sino también una sensación atroz de desprecio y la fe en que los sistemas de alerta temprana y respuesta rápida podrían haber salvado vidas si se hubieran gestionado con seriedad.
La dimisión, aunque tardía, es un reconocimiento implícito de esta responsabilidad. Prueba que la voz de la calle, cuando está respaldada por una voluntad colectiva y una memoria imborrable, puede exigir cuentas a los responsables, sin importar su rango. Las doce protestas consecutivas en el corazón de la ciudad de Valencia lograron transformar la tragedia personal de los ciudadanos en un asunto de opinión pública que forzó al sistema político a responder.
No hay duda de que las investigaciones judiciales en curso, incluida la citación al periodista que estaba almorzando con Mazón en el momento del desastre, constituyeron una presión adicional ineludible. Estas investigaciones apuntan a la posible existencia de una desconexión entre lo que ocurría en los salones del poder y lo que sufría la gente en las calles inundadas. El hallazgo de un nuevo cadáver de un hombre de cincuenta años meses después de la tragedia es un trágico y constante recordatorio del precio de la demora y la negligencia.
La dimisión de Mazón, miembro del Partido Popular (PP), no es el punto final. Es el comienzo de una nueva etapa de rendición de cuentas. Es un mensaje claro para todos aquellos que ocupan un cargo público: la gestión de crisis no es solo un comunicado de prensa o una declaración mediática, sino una preparación constante, una planificación meticulosa y la priorización de la seguridad y la vida de los ciudadanos por encima de todo.
Al final, mientras Valencia levanta los escombros de su trágico pasado, demuestra que las lecciones más importantes son las que escribe la voluntad de su pueblo. La voluntad popular ha obligado al responsable a asumir las consecuencias de sus actos, encarnando el principio de que el poder es, en definitiva, una custodia, y que quien incumple esa confianza, encontrará ante sí el tribunal de la opinión pública.
