España canceló un contrato de compra de municiones valorado en 6,6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems, en una decisión que refleja un cambio claro en la postura del gobierno español respecto al conflicto palestino-israelí. El contrato cancelado incluía el suministro de más de 15 millones de balas de calibre 9 mm destinadas a la Guardia Civil. La cancelación se enmarca en el compromiso político adoptado por el gobierno de Pedro Sánchez desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, cuando se detuvo la exportación de armas a Israel, seguido más tarde por un bloqueo a las importaciones.
La decisión fue consecuencia de presiones internas dentro de la coalición de gobierno, especialmente por parte del partido de izquierda Sumar, que amenazó con abandonar el gobierno si se mantenía el contrato, lo que llevó al Ministerio del Interior a cancelarlo. Por su parte, el gobierno israelí emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente la decisión, calificándola como una renuncia a las consideraciones de seguridad a favor de intereses políticos internos. Además, acusó a España de alinearse con “el lado equivocado de la historia” y de ignorar el derecho de Israel a defenderse del terrorismo.
La medida española podría tener consecuencias diplomáticas más amplias, ya que se espera que incluya la exclusión de empresas israelíes de futuras licitaciones de defensa, así como la cancelación de la participación de Israel en la feria internacional de defensa y seguridad (FEINDEF) prevista para 2025 en Madrid. Esta decisión refleja la creciente presión social y ética sobre el gobierno español para que adopte una posición firme ante el conflicto en Gaza, donde Israel es acusada repetidamente de cometer violaciones graves a los derechos humanos.
La cancelación del contrato no es solo una decisión comercial, sino un mensaje político y moral contundente, que podría llevar a otros países europeos a reconsiderar sus relaciones de defensa con Israel a la luz de los acontecimientos en Palestina.
