En una medida que ha provocado una ola de indignación y rechazo, el Ayuntamiento de Jumilla, situado en la región de Murcia, aprobó el 6 de agosto de 2025 una decisión que prohíbe la realización de actos religiosos islámicos en espacios públicos, incluidos estadios y salas comunitarias. Esto implica, de manera indirecta, la prohibición de la tradicional oración del Eid, que se celebra cada año al amanecer en un ambiente de serenidad y fraternidad.
La decisión fue adoptada por el pleno municipal liderado por el Partido Popular (PP), con el apoyo directo del partido de extrema derecha VOX. Se considera un precedente peligroso que atenta contra el principio de libertad de religión y creencias, garantizado por la Constitución española y los tratados internacionales de derechos humanos.
Numerosas asociaciones de derechos humanos y organizaciones civiles, entre ellas la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), calificaron la medida de racista y discriminatoria. Señalaron que forma parte de una ola creciente de islamofobia que apunta directamente a la comunidad musulmana en España. Representantes de la sociedad civil afirmaron que esta decisión no puede interpretarse simplemente como una medida administrativa o de organización, sino como una postura política que ataca directamente a los musulmanes y criminaliza su presencia simbólica y religiosa en el espacio público, algo inaceptable en un Estado democrático.
La medida constituye una violación clara del artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de pensamiento, religión y creencias, y que establece que ninguna autoridad pública puede imponer una religión ni impedir su práctica. Expertos jurídicos consideran que la decisión es recurrible ante los tribunales, ya que vulnera el principio de igualdad y va en contra del carácter plural y diverso de la sociedad española.
Ante esta situación, varias organizaciones de la sociedad civil y entidades islámicas han convocado concentraciones pacíficas de protesta, y han anunciado su intención de impugnar legalmente la decisión. Estas entidades han llamado a los partidos progresistas y a otros ayuntamientos a solidarizarse con la comunidad musulmana de Jumilla y a rechazar cualquier intento de exclusión o marginación por motivos religiosos o culturales.
Bajo el lema “No a la discriminación, no a la islamofobia, sí a la convivencia”, crecen las voces que exigen la defensa de los valores de la vida en común y de la diversidad frente a decisiones que contravienen los principios democráticos y amenazan el tejido social español. Los actores implicados en esta movilización subrayan que la responsabilidad de proteger los derechos de las minorías recae en el Estado y sus instituciones, y que ceder ante este tipo de políticas solo conducirá a una mayor división y tensión en la sociedad.
