Sabah Yacoubi
Lo que ha pasado en Jumilla me parece inaceptable. Prohibir las fiestas religiosas islámicas en espacios públicos no es una simple decisión administrativa, es discriminación pura y dura que vulnera la Constitución y los acuerdos que el propio Estado firmó con la Comisión Islámica en 1992.
Eso de hablar de «actividades ajenas a la identidad del pueblo» es falso y peligroso. ¿Desde cuándo se cuestiona que las procesiones de Semana Santa usen las calles? ¿Quién decide qué es «la identidad del pueblo»? En Jumilla viven más de 1.500 musulmanes que pagan impuestos y forman parte de la comunidad. Tienen el mismo derecho que cualquiera a usar los espacios públicos para sus celebraciones.
El islam sí forma parte de España. Negarlo es negar casi ocho siglos de historia. El legado andalusí está en nuestra cultura, lengua, arquitectura y tradiciones. No es extranjero, es nuestro. Pretender borrarlo es revisionismo que solo busca sembrar odio.
Además, quienes dicen defender la “españolidad” de ciertas costumbres mientras atacan otras protegidas por ley, están actuando contra la propia Constitución, que en su artículo 16 garantiza la libertad religiosa y de culto sin más límite que el respeto al orden público. Ya en 2013 el Tribunal Supremo dejó claro que los ayuntamientos no pueden legislar en contra de ese principio, como cuando tumbó las ordenanzas contra el uso del burka en Lleida y otros municipios.
Lo más preocupante es que este tipo de decisiones no son hechos aislados. Lo que vemos en Jumilla sigue una pauta que ya hemos visto en otros lugares de la Región de Murcia, como en Torre Pacheco, donde también se ensayan discursos y políticas islamófobas bajo el paraguas de una supuesta defensa de “lo nuestro”. Es un experimento político de exclusión, un laboratorio de racismo institucional, y lo que hoy se permite en Jumilla puede ser la antesala de lo que se intente aplicar mañana en otros pueblos y ciudades de España si no se frena a tiempo.
No se trata solo de celebrar una fiesta religiosa en un pabellón. Está en juego el principio de igualdad ante la ley y el respeto a la diversidad democrática. Si permitimos que unas religiones puedan usar el espacio público y otras no, abrimos la puerta a una regresión que recuerda tiempos oscuros. Hoy es el Eid, mañana será el derecho a vestir como quieras o rezar a quien quieras. Hay que decirlo claro: no se trata de identidades, se trata de derechos y los derechos no se negocian.
